EL FRACASO DE LA EXPERIENCIA DE LA ECONOMIA SOCIAL VENEZOLANA EN EL TERCER MILENO

En Venezuela el movimiento de la economía social al igual que en el resto del Caribe Hispano ha estado asociada al movimiento cooperativo, que constituye el sector mas importante y que representa cerca del 80% del universo total de las organizaciones, un 10% corresponde a los fondos de trabajadores, un 5% de asociaciones y fundaciones y 5% de otras organizaciones. El movimiento cooperativo venezolano nace tímidamente en la primera década del siglo XX y ya para 1910 contaba con una Ley de desarrollo pero no será sino a partir de la década de los 40 cuando se le reconoce su importancia como instrumento de organización social y económica expresada en la Ley de Cooperativas de 1941.

Habrá que esperar 20 años hasta la constitución de 1961 (art. 70 y 72) para introducirla en el texto bajo la figura de economía popular y 30 años más hasta la constitución de 1999 para incorporarla en los arts. 118 y 308 extendiéndolo a otros actores además del movimiento cooperativo (cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas de propiedad colectiva). Este reconocimiento constitucional produjo una expansión exponencial del movimiento cooperativo que creció entre el período del 2000 al 2005 a la cifra record de 177 mil cooperativas registradas de las cuales sobrevivieron unas 42.000 que agruparon cerca de 1.000.000 de asociados según las estadísticas de la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOP) para la fecha. Este dato nunca pudo ser certificado en la realidad.

El desarrollo institucional del movimiento de la economía social en el país al igual que en el resto del Caribe presenta una gran contradicción entre los fines bajo los cuales se promueve la creación de estas organizaciones como movimiento alternativo de producción económica y organización social sin fines de lucro y de interés social, que lo han llevado a jugar un papel importante en la prestación de servicios públicos y producción de bienes colectivos en sustitución de las instituciones gubernamentales pero que a lo interno constituyen movimientos sociales con grandes necesidades económicas, políticas, jurídicas y culturales y con escasa protección social del Estado.

Se trata de un sector que a pesar de contar con una base constitucional para su promoción y desarrollo y una estructura jurídica e institucional en la práctica está excluido de los principales programas de protección social que tiene el Estado. En el caso del seguro social que ampara menos del 30% de la PEA del país permite la incorporación de los trabajadores de la economía social en forma facultativa pero desigual con relación a los trabajadores de la economía formal razón por la cual menos del 30% de estos trabajadores están inscritos en el seguro social. Otras contingencias amparadas por la seguridad social (vivienda, atención médica, formación, recreación, etc.), presentan una característica similar de desprotección.

Desde el punto de vista económico pocos son los logros alcanzados para promover su financiamiento debido al tratamiento que se le ha dado a las organizaciones del sector como actores secundarios de la economía formal. Esta caracterización ha limitado el acceso al crédito público y privado no solo del movimiento cooperativo sino de las otras organizaciones de la economía social en el país por la ausencia del llamado sistema de garantías económicas reales que excluye la propiedad colectiva y las organizaciones sin fines de lucro.

No será sino hasta los primeros años del nuevo milenio cuando se intenta ampliar el apoyo económico a las organizaciones sociales sin fines de lucro bajo la figura de la llamada “economía popular” para lo cual se crea un Ministerio para la economía popular (2004) al cual se le adscribió el Instituto Nacional de la Pequeña y mediana Industria (INAPYMI,2001) antiguo Fondo de Desarrollo Industrial (FONCREI) que era un organismo del sector formal de la economía, como instrumento financiero entre cuyos objetivos estaba el impulso de las llamadas unidades de producción de propiedad social. Su fracaso no pudo ser más evidente.

Desde el punto de vista político existe una muy limitada participación del movimiento de la economía social en el sistema político venezolano y en las instancias de toma de decisiones del poder político. No cuentan con representación significativa en los partidos, en las legislaturas regionales y nacionales ni en los ministerios. Su debilidad organizativa como movimiento social integrado conspira con el reconocimiento institucional que le garantice una mayor influencia y participación en la estructura de poder político del país y constituye uno de los principales retos del movimiento en el futuro.

En relación con los derechos y garantías culturales tampoco han existido grandes logros en la lucha por la conquista de la identidad cultural del movimiento de la economía social venezolana con limitado acceso a programas educativos y la ausencia de instituciones del sector para su fortalecimiento.

En este contexto es importante destacar las fallidas experiencias que se dieron en algunas instituciones públicas bajo el discurso de la propiedad colectiva y cuyos resultados fueron negativos una vez que no hubo continuidad ni apoyo político financiero para llevarlas adelante.

El debate actual acerca del desarrollo de la economía social y de los sistemas de protección social de sus trabajadores, es un compromiso ineludible e irrenunciable de la sociedad caribeña hispanoparlante, hoy casi en status de indefensión, que obliga a repensar su estudio y análisis en términos de no repetir la experiencia del sector formal de la economía de la subregión caracterizada por una gran proporción de trabajadores excluidos de sus propios sistemas de protección social. La discusión sobre la polémica de la protección social en el Caribe Hispanoparlante entra en escena cuando se replantea el funcionamiento de los diferentes regímenes de la seguridad social para modificar la visión laborista en las que ha estado fundamentado su esquema protectivo. Aun así, las reformas al sistema de seguridad social siguen siendo enfocadas hacia modelos proteccionistas y asistencialistas que excluyen a grandes sectores de la economía no formal de nuestros países.

En esta controversia sobre el discurso de la protección social es fundamental partir de la premisa de un concepto integral y amplio totalizador de las garantías y derechos que permitan el desarrollo pleno de los individuos y colectivos en la construcción de una vida digna y decorosa. Así entendido el nuevo concepto de protección social debe incluir una visión de la seguridad social en términos amplios que incorpore en el sistema junto a las tradicionales instituciones nuevas modalidades capaces de amparar a los trabajadores del sector no formal de la economía incluida la economía social, en condiciones de igualdad de trato para hacer uso de los principios de solidaridad y justicia social.

Debe considerar mecanismos e instancias que garanticen el ejercicio pleno de la ciudadanía del individuo y los grupos sociales para facilitar la participación protagónica real y efectiva de los movimientos sociales alternativos como la economía social en la estructura política y en la toma de decisiones. El “lobby” político es una estrategia fundamental de los diferentes actores de la economía social para ser oídos y reconocidos en el sistema político.

El reconocimiento jurídico e institucional del movimiento de la economía social como actor fundamental en los cambios del ordenamiento constitucional y jurídico de la sociedad caribeña no debe limitarse a la mera inclusión en los textos constitucionales sin asegurar su viabilidad. La ampliación del espacio y las garantías económicas de las diferentes manifestaciones de la economía social como agentes económicos de un nuevo modo de producción basado en el trabajo humano y el interés social por sobre el capital y la lógica mercantil y finalmente el nuevo concepto de la Protección Social debe enfatizar el redimensionamiento de la identidad cultural del movimiento de la economía social como mecanismo de cohesión social y fuerza liberadora de nuestros pueblos.

*Yudi Chaudary, Dra. en Seguridad Social y Dilio Hernandez, Dr en Ciencias Sociales

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