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Dra. Yudi Chaudary/ Dr. Dilio Hernández

LA IMPORTANCIA DEL DISCURSO EN LA PROTECCIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR

Es importante porque sin un nuevo discurso, en tanto articulador y vehículo de las relaciones de poder, es imposible hablar de sustitución de la practicas mercantilistas de considerar al adulto mayor como un sujeto marginal de la protección social.



La perspectiva Foucaultiana del discurso, como relaciones de poder entre el Estado, la sociedad y el mercado nos permite aproximarnos a un discurso alternativo de la protección social del adulto mayor capaz de interpretar la realidad compleja, plurisémica y multicausal del fenómeno de la vejez como categoría social, atravesado por múltiples discursos cuya lógica de funcionamiento trasciende las tradicionales concepciones de la política social del Estado capitalista.


Bordieu (1985) examina con atención el papel del discurso en el marco de las interrelaciones sociales, en las cuales funciona como intercambio simbólico. De manera que todo discurso, incluido el de la protección social, debe verse en el contexto de las interacciones sociales y sus respectivas efectuaciones simbólicas, que se traducen en lecturas simbólicas de poder implícitos en cada discurso.


En el fenómeno del envejecimiento, el discurso se presenta como un discurso visible, objetivo, en las relaciones de intercambio social y sus manifestaciones o síntomas, aun cuando en el fondo no sea más que una máscara de las relaciones sociales de producción que subyacen en la consideración del adulto mayor como un factor no productivo y por consiguiente como una carga para la sociedad.

Hemos dicho que las enunciaciones, los conceptos y los argumentos son los componentes del discurso y las acciones, las prácticas discursivas; así todos los componentes del discurso se manifiestan a través de la significación (significante y significado) que adquieren las expresiones, los códigos, las nociones, las categorías en una práctica discursiva que se traduce en textos cargados por lo general de ideología. Detrás de estos textos encontramos otros discursos a los que calificamos de intra-textos o para-textos que se manifiestan en la relación signo-símbolo y síntoma. Esta forma de deconstruir el discurso nos permite desenmascarar la carga ideológica de los textos de los tradicionales discursos de la protección social basados en la supremacía del capital sobre el ser humano que en el fondo sustentan los programas de protección del adulto mayor en el mundo capitalista.


Los nuevos contextos que caracterizan el mundo “postmoderno” han creado nuevas teorizaciones, y de hecho así ha ocurrido con los enfoques de la protección social y sus elementos constitutivos. Hemos pasado del discurso laborista y asistencialista a una concepción más integral, solidaria y humana para abordar el problema de la vejez en el marco de las políticas de protección social.


El discurso de la protección social siempre ha estado vinculado de alguna forma a las relaciones de poder que caracterizan a la sociedad,


desde el discurso biskmariano basado en la relación monarquía prusiana/ movimiento obrero, pasando por el discurso del bienestar social con el rol del movimiento sindical en los partidos europeos hasta llegar al discurso neoliberal y del pluralismo del bienestar social que redefine el rol del empresario, el Estado y la sociedad civil en las políticas sociales abriendo paso a modelos alternativos de política social en los que la protección social es abordado como un fenómeno integral inclusionista, solidario y humano.


“la perspectiva foucaultiana del discurso, como relaciones de poder” nos permite aproximarnos al discurso de la protección social “desde un punto de vista plurisémico atravesado por múltiples discursos... Visto así, estas relaciones de poder explicitas en la política social se constituyen en una máscara subjetiva, un juego de lenguajes o de palabras, un dispositivo ideológico y cultural...” (Hernández, D: 2009).


Las tensiones de poder (disputas hegemónicas) se encuentran en todas las interacciones sociales que se producen en las políticas dirigidas a la protección de la población. El discurso de la protección social tiene raíces Ideológico-político, jurídico-normativo e institucional-programático que buscan la trascendencia de lo técnico-burocrático a lo político-social.



Al respecto, Uharte Pozas, (2005:94) señala:

“… cualquier paradigma de política social se construye en relación de un modelo de desarrollo específico y de su orden socioeconómico. Con esto queremos decir que la fundamentación de las políticas sociales va mucho más allá de los aspectos técnicos entrando de lleno en los proyectos y de la ideología. Diversos autores comparten esta visión (Laurell, 1995; Sojo, 1999; Sottoli, 2000; Vilas 1995)…por ejemplo, afirma que las alternativas de política social no se debaten principalmente en el terreno técnico (…) sino en el ámbito de los proyectos políticos. Obedecen a concepciones distintas sobre cómo organizar la sociedad y en función de qué intereses satisfacer necesidades”.



Indagar la homogeneidad en la diversidad del discurso de la protección social, descifrar sus textos, intratextos y paratextos, sus prácticas discursivas es fundamental para poder entender la complejidad de la interacción Estado-sociedad-mercado,


que constituye el centro de las relaciones sociales, económicas y políticas que definen el fenómeno de la protección social en la sociedad capitalista, de lo contrario corremos el riesgo de menospreciar su significación en la dinámica del bienestar social de los sectores tradicionalmente excluidos, como es el caso del adulto mayor, cuya lógica de funcionamiento y praxis es totalmente distinta a los grupos sociales amparados por los sistemas de protección tradicional, de allí la importancia de construir un modelo de protección social alternativo que se corresponda con el nuevo discurso de la protección social basado en principios de solidaridad, justicia social, equidad y participación democrática.



La solidaridad como constructo articulante entre el discurso de la política social y el discurso de la protección social

La base del pensamiento económico moderno ha girado predominantemente en torno a la figura del “homo economicus”, dotado de una racionalidad instrumental predefinida y cuya conducta se guía por la búsqueda del máximo bienestar individual, no obstante esta búsqueda de lucro individual, los valores que la gente pone en juego en sus relaciones van más allá del interés individual y se ubica más en lo social y solidario.


En el pensamiento social, el concepto de solidaridad se enfrenta de manera simultánea al individualismo y al colectivismo. El individualismo afirma que lo único real en la vida de los seres humanos en sociedad es el individuo, la sociedad no es más que la suma de actos individuales por medio de los cuales los seres humanos se relacionan.


El colectivismo por su parte sostiene que en la relación individuo-sociedad son las totalidades sociales las determinantes, como pueblo, clase social, etc. Entre ambas posiciones se ubica la solidaridad, asociada con este principio los individuos son personas cuya realidad no se agota en la participación de los complejos sociales, son algo más que el resultado de las sumas de las relaciones establecidas entre los miembros individuales.


En el individualismo no cabe introducir nociones que engloban a toda la comunidad o sociedad, tales como, interés público, bienestar público, bienestar social. Aquí cualquier esquema de bien común exigido por la sociedad en su totalidad resulta negado o al menos marginalizado.


En el extremo opuesto, el colectivismo al aceptar que los individuos solo existen como expresiones del complejo social, define que el bien común de cada uno solo puede consumarse en el bien colectivo, bajo esta óptica la contradicción entre público y colectivo siempre tendrá un contenido político y social que deja al individuo o lo privado en manos del Estado


En la concepción solidaria las exigencias del bien individual y del bien común coexisten y ambas deben ser tomadas en cuenta en la convivencia social. La posición solidaria afirma que la sociedad está compuesta por personas en principio individuales pero que participan de manera ineludible en vivencias y acciones colectivas que se entrecruzan, de lo que resulta un entramado social primigenio como la individualidad esencial del ser humano y el bienestar común como esencia de lo colectivo.


El ser humano así definido individual y colectivo es responsable de sus propios actos y corresponsable de sus actos colectivos. La vida social del ser humano individual está de este modo signada por la solidaridad, por deberes y obligaciones para con los otros, que no pueden ser abandonados de manera masificadora en el Estado u otros actores sociales.


El pensamiento económico clásico, sobre el cual se sustenta la política social del estado capitalista, está basado en el sujeto individual cuya conducta constituye el fundamento teórico de la economía de mercado. El Estado es el conductor espontáneo a un orden, no solo natural y justo, sino también su instrumento posible y comparativamente más eficiente e innovador.


Lo que el individuo haga para alcanzar su bienestar es suficiente para alcanzar el bienestar de la sociedad a través de la mano invisible. El auto interés y la racionalidad hacen surgir en las modernas economías de mercado un orden social en el que es posible la convivencia y la cooperación beneficiosa para todos sin oprimir el egoísmo individual. El individualismo no niega que en la vida real resulta necesario equilibrar dos dimensiones antagónicas: la tendencia a apropiarse de lo máximo de los recursos escasos que le resulte posible y por otra parte, la necesidad de cooperar para aumentar la eficiencia en el trabajo dentro de la dinámica del mercado.


Lo que se impone al sujeto economicus es la obligación de ser racional en un sentido instrumental, la racionalidad se entiende como una relación medios-fines. El homo economicus que caracteriza al individualismo es un estatuto metodológico que sirve de guía para la práctica económica (instrumentalismo).



El colectivismo, sobre el cual se sustenta el estado de bienestar social, por su parte sostiene que la economía ha terminado por aceptar que en situaciones caracterizadas por la ausencia de información completa y perfecta, donde los individuos son incapaces de anticipar las acciones de los demás y/o forzar el cumplimiento de lo acordado en los intercambios, la racionalidad individual no es suficiente para alcanzar la racionalidad colectiva, que la racionalidad económica-individual no coincida con el interés colectivo significa muchas veces la realización de objetivos económicos compartidos por un conjunto de personas resulta imposible aun cuando ellos actúen respondiendo a intereses y decisiones racionales. Algo impide que la colectividad racional pueda obtenerse a partir de las conductas individuales racionales y el resultado de conjunto es la ausencia de colaboración, recíprocamente ventajosa entre socios potenciales del intercambio. Es lo que se conoce como la “pared invisible” que se opone a la “mano invisible” del mercado. En todos estos casos la lógica del auto-interés conlleva a un abismo insuperable.


Esta paradoja condujo a admitir la posibilidad de definir la racionalidad económica individual a partir de un conjunto de respuestas constitutivas del nuevo “homo economicus”, el “homo reciprocans”, que tome en cuenta en sus decisiones los valores intrínsecos de la vida comunitaria en determinadas sociedades. Se abre un campo de la economía que debe incluir en sus análisis las condiciones sociales y las instituciones jurídico-políticas que configuran el marco en el que se desarrollan las acciones maximizadoras de los sujetos económicos individuales.


Las normas sociales terminan engendrando una conducta individual caracterizada por regularidades cuya estabilidad se halla en creencias y valores compartidos sobre cómo actuar en diferentes circunstancias. Sobre esta base la solidaridad puede resultar un elemento clave en los intercambios que ocurren al margen de contratos o arreglos formales.


Hoy podemos hablar del “homo reciprocans” para describir el grado de responsabilidad en las relaciones de los sujetos económicos que va más allá de la respuesta que determina la conducta del “homo economicus”. Mientras el “homo economicus” coopera solo cuando esta cooperación sirve a los intereses individuales, el “homo reciprocans” tiene la propensión de cooperar en situaciones donde espera una conducta prosocial de los otros (Bowles y Gintis, 1998).


Desde esta perspectiva el adulto mayor es un “sujeto social” conformado por un conjunto de actores que comparten y participan de una relación que es sentida, vista y actuada como referente simbólico intencional y como ligamento estructural.


Un grupo etario que además de su aporte al desarrollo de la riqueza económica y social de un país constituye un conglomerado social con demandas y necesidades insatisfechas que requieren de un tratamiento especial que va más allá de la lógica del mercado y del colectivismo estatista.


La solidaridad, la justicia social y el humanismo se convierten así en los pilares fundamentales de un nuevo enfoque de la protección social del adulto mayor sobre la base de un plan integral de atención a sus necesidades como grupo demográfico y su propia participación como actor social y productivo




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